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Lunes, 14 de Julio de 2014
Familia e Igualdad de Oportunidades y Unicef comparten el modelo de Castilla y León como base hacia un Pacto de Estado por la Infancia.
Radio Arlanzón
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha mantenido hoy un encuentro con el presidente del Comité Español de Unicef, Carmelo Angulo, en el que han compartido que el modelo de protección a los menores de Castilla y León y su Pacto por la Infancia podría servir de base hacia un Pacto de Estado por la Infancia, que complete el Pacto de Toledo con el que se protege a las personas mayores de 65 años.
Se trataría de blindar los derechos de los niños y situar a la Infancia como una prioridad, abordando aspectos básicos orientados a la reducción de la pobreza infantil y a garantizar la igualdad de oportunidades. Ambos han repasado el contenido del Pacto autonómico por los Derechos de la Infancia, presentado por el presidente de la Junta de Castilla y León el 20 de noviembre de 2012, con el objetivo de visibilizar, promover e impulsar los derechos de los más de 370.000 menores que viven en Castilla y León, especialmente los más vulnerables y, además, velar por que todas las acciones sociales y políticas incluyan a la Infancia entre sus prioridades.
Y es que, a diferencia del resto de pactos autonómicos refrendados en otras Comunidades, exclusivamente de ámbito político, el de Castilla y León tiene un claro componente técnico y en él están implicadas las Administraciones Públicas que intervienen en el ámbito de la Infancia, especialmente las corporaciones locales, además de las entidades colaboradoras en el sector de atención a la Infancia, el tejido social y empresarial, y los agentes políticos, sociales y económicos. Hasta el momento, el Pacto suma ya más de 200 adhesiones.
El texto del Pacto por los Derechos de la Infancia recoge cuatro grandes compromisos: impulsar la elaboración y desarrollo de políticas de Infancia; apoyar y fomentar acciones a favor de los niños de Castilla y León; promover el desarrollo y la implementación, tanto a nivel municipal como a nivel autonómico, de las medidas necesarias para hacer visible la Infancia en la agenda política local; así como acordar los principios que se deben considerar en el análisis, diseño, ejecución y evaluación de los programas orientados a los niños, como complemento a los principios marco recogidos en la Convención de los Derechos del Niño.
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